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sábado, 31 de julio de 2010

La investigación final

La investigación final
Por Néstor Leone El llamado “Informe Papel Prensa-La Verdad” revisa la manera en la cual Clarín y la Nación adquirieron la empresa papelera en la dictadura. Tiene 22.000 fojas y se conocerá en quince días.

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Está en las gateras, con los últimos retoques por hacer y el trazo grueso ya dado. No tiene fecha de salida confirmada, pero sí la impronta de la inminencia. Entre la segunda y la tercera semana de agosto, sostienen cerca de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior y funcionario encargado de dirigir la investigación. En el momento en el que la Presidenta lo considere oportuno, previene una fuente cercana al directorio de la empresa.
Lo que tanto unos como otros aseguraron a Debate es que la contundencia del informe dejará poco margen para dudas y que comprometerá ante la opinión pública (y, posiblemente, también ante la Justicia) a quienes se señala como responsables. Es que “Papel Prensa-La Verdad”, tal el nombre de la investigación de veintidós mil páginas, contendría datos, información, documentos, evidencias y pruebas sobre la adquisición irregular de la empresa por parte de sus actuales dueños privados y promete, también, desmenuzar la serie de maniobras supuestamente fraudulentas que permitieron consolidar la posición dominante de ellos en la empresa y en el mercado de medios de comunicación del país.
Desde el oficialismo señalan que nunca se ha hecho una investigación tan profunda sobre una cuestión de este tipo y, los más osados, lo parangonan con el Nunca Más, que investigó, durante los primeros años del alfonsinismo, los crímenes de la última dictadura y la responsabilidad de las juntas militares.
La resolución del juez Daniel Rafecas, del 14 de julio último, en la cual sostuvo que es
inescindible el delito de lesa humanidad del de apropiación de acciones, da al informe administrativo mayor relevancia pública, pone a los implicados en una situación más comprometida y podría erosionar el pacto de silencio que aún persiste entre los viejos socios privados, las estructuras gerenciales y el entramado de poder que le dio respaldo, dentro y fuera de la empresa.
Lo cierto es que nadie duda de que el informe, seguramente, tendrá resonancia nacional y respuestas. La animosidad hacia el Gobierno, en alza en Clarín y La Nación, los medios cuyos propietarios estarían comprometidos, así parece aventurar. La distribución anticipada, entre periodistas de distintos medios, de carpetas que tratan de explicar los argumentos de defensa, es un hecho inédito.
LESA HUMANIDADEl punto más alto de controversia que el caso trae consigo es la tipificación que finalmente se otorgue al supuesto delito que el informe trata de establecer y que la Justicia ya investiga. Según pudo saber Debate, “Papel Prensa - La Verdad” aportaría pruebas para considerar la adquisición de las acciones como un crimen de lesa humanidad. Y, por lo tanto, no prescriptible. Los implicados serían todos aquellos que habrían participado de esa maniobra. Es decir, Bartolomé Mitre (director de La Nación), Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín), Patricio Peralta Ramos (entonces uno de los propietarios de La Razón) y los abogados de cada uno de ellos.
¿Cuál sería la razón? La forma en la que Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, y Rafael Ianover, testaferro confeso de Graiver, tuvieron que desprenderse de las acciones “A” de la empresa, que son las que permiten su control. Los testimonios de ambos, en las últimas asambleas de Papel Prensa, promovidos por Moreno, van en ese sentido.
¿Cuál es la versión suministrada por Magnetto y Mitre? Que la compra de esas acciones clase “A” fue realizada antes de que la familia Graiver-Papaleo fuera secuestrada. Y que, hasta entonces, la familia en cuestión no había recibido amenazas ni apremios. Lo que no se menciona son las torturas morales y psíquicas a las que dichas víctimas afirman haber sido sometidas. Es cierto: Lidia Papaleo fue secuestrada el 14 de marzo de 1977 y Rafael Ianover el 12 de abril de ese mismo año, mientras que la transacción formal tiene como fecha el 2 de noviembre de 1976. Pero ya para ese noviembre las víctimas habían sido objeto de todo tipo de amenazas. Así lo declararon en dos asambleas de Papel Prensa y piensan ratificarlo ante la Justicia.
“No hubo sugerencias; fue ‘firmás o te mato’”, cuenta la viuda de Graiver que le habría dicho Magnetto por esos días. La declaración de la misma Papaleo de Graiver subraya que, en su sensación de terror, prefería ver los ojos de su torturador que los ojos de Magnetto exigiéndole el traspaso. Es decir, que no se trató de una transacción comercial entre ciudadanos libres.
El contragolpe del tándem Magnetto-Mitre (no así Peralta Ramos), con querella criminal contra el secretario Moreno por presunto abuso de funciones y por montar un supuesto “aparato paraestatal sui generis” para perseguirlos, trató de ser persuasivo. Pero no lo fue. Más bien sirvió como prólogo para un nuevo revés en la Justicia: el que les propinó el juez Rafecas, quien vinculó la apropiación de la empresa por parte de La Nación, La Razón y Clarín “con el sistema represivo establecido por el gobierno de facto”, y enmarcó a la operación dentro de los marcos del terrorismo de Estado.
De esta manera, el juez se declaró incompetente para seguir con el caso y remitió la causa al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza. Allí está radicada una causa residual sobre el llamado “Circuito Camps”, relacionada con el centro clandestino de detención Puesto Vasco, mazmorras bonaerenses a cargo de Ramón Camps en las que permanecieron detenidos varios integrantes de la familia Papaleo-Gravier.
Además de lo mencionado, el informe agrega información del Tribunal de Guerra de la dictadura, expedientes de la Conadep, papeles de la sucesión de David Graiver, actas de las juntas militares y el testimonio de otras víctimas de este entramado, como el de José Pirillo, quien adquirió La Razón en los ochenta; en su momento, denunció la forma en la que fue “despojado” de su diario en 1987 y confirmó, con documentación propia, los atropellos que sufrieran Papaleo de Graiver y Ianover.
PAPELES
Otra cuestión intrincada del caso es cómo se logró realizar el traspaso de las acciones clase “A”, en poder de Galerías Da Vinci (52 por ciento de las acciones clase “A”, propiedad de Graiver) y de Ianover (testaferro confeso del empresario y a cargo del 48 por ciento restante) ya que Graiver estaba muerto y el juicio sucesorio estaba lejos de resolverse.
Es más, según señalaría el informe, el sucesorio de Graiver empieza sin su certificado de defunción.
“Lo tuvieron que hacer rápido y ahí es donde dejaron toda la suciedad”, señala una fuente del directorio consultada por Debate. “El juez de ese sucesorio nunca falló. Para liquidar eso y que no quedase en manos del juez hicieron todo eso, se ensuciaron las manos”, aporta un allegado a la Secretaría de Comercio, consustanciado con los avances del informe.
Además de esta cuestión, también queda poco clara la naturaleza de la empresa que recibe en primer término las acciones de los Graiver. Es decir, Fapel. Según se pudo saber, “Papel Prensa - La Verdad” dejaría en evidencia el rol que jugó como empresa-vehículo en la transacción. Que era un sello de goma, porque no tenía patrimonio ni actividad conocida, es otro de los puntos que intentará dejar en claro. Lo cierto es que Fapel, al poco tiempo de hacerse cargo de las acciones de la empresa, las vende a Clarín, La Razón y La Nación. Y lo hace sin obtener utilidad alguna.
¿Por qué toda esta operatoria? Para que los diarios pudieran aparecer luego como compradores de buena fe, cuentan que explica el informe.
“En el contrato entre Fapel y Lidia hay una cláusula que dice que el vendedor no se puede oponer, bajo ningún aspecto, a la transferencia que haga Fapel a terceros. Es porque estaban comprando sabiendo que iban a vender. Es absurdo, porque no se pagaba al contado sino con adelantos y la deuda se estaba garantizando con la propia venta. ¿Y si el tercero no tenía capacidad de pago?”, señala una fuente del directorio de la empresa, dando cuenta de otros puntos oscuros.
En cuanto al precio pagado por los compradores y la forma en la que se efectivizó la operación hay más de una sospecha y puntos sin aclarar.
Según Magnetto-Mitre, Clarín, La Nación y La Razón pagaron 7,8 millones de dólares por el 34,68 por ciento del capital social de la empresa. Y lo hicieron en dos partes: una, directamente a la familia Graiver, antes de su detención; otra, a través de la Justicia. Según fuentes consultadas por Debate, el informe aportaría otras cifras, muy distintas a ésas. El pago se habría hecho con poco efectivo y mucho papel pintado, más una serie de préstamos preferenciales del Banco Nacional de Desarrollo (Banade), que les habría facilitado la dictadura.
Así, las empresas involucradas se aseguraron de que el Estado no realizara ningún estudio técnico para averiguar cómo financiarían el proyecto, y que no se pidieran avales personales para acceder a esos créditos.
Otras fuentes, más cercanas al secretario de Comercio, son más duras aun respecto de esta cuestión. “Nunca pagaron nada por la empresa. Dicen, pero los contratos no están. No hay ningún contrato donde ellos pongan precio. No hay contrato, no hay expediente, no hay papel que sostenga lo que ellos dicen. Hay poderes en los cuales Lidia, Ianover, dicen que venden… pero no hay precio. Ianover lo confirmó en la asamblea en la que participó”, señalan, terminantes.
Por lo que parece, la falta de papeles es uno de los déficit más importantes que tienen los denunciados. Según pudo saber Debate, nunca aparecieron los balances de Clarín y de La Nación solicitados por la Inspección General de Justicia y por la Comisión Nacional de Valores para desmentir las acusaciones. Tampoco aparecen muchas de las actas de reuniones de directorio que tendrían que dar testimonio de los movimientos de la empresa. Y, como corolario, el informe certificaría -a través de un peritaje autorizado- la existencia de firmas apócrifas que avalaban lo actuado. Entre ellas, las de la viuda de Graiver, quien señaló que nunca estuvo en las oficinas de Papel Prensa hasta que el 20 de mayo último fue acompañada por Moreno. Y ratificó que no son suyas las firmas estampadas en varios de los documentos en cuestión.
FUTURO
Según el gobierno nacional, Papel Prensa oculta los costos reales desde hace ocho años y está administrada en beneficio de los accionistas privados, en perjuicio de sus competidores y en desmedro del Estado, socio minoritario, con un 27,46 por ciento de las acciones, que hasta aquí nunca había puesto en cuestión esta lógica.
Ahí no terminan las acusaciones. Desde la Secretaría de Comercio ha salido una serie de acusaciones muy fuertes sobre irregularidades continuas en el manejo de la empresa, que tendrían su correlato en cifras concretas y pruebas en el informe “Papel Prensa - La Verdad”.
Por ejemplo, que Papel Prensa pagaría “retornos” a proveedores, cobrados por un gerente y repartidos personalmente a los accionistas; que existiría una estructura importante de ñoquis heredados de la última dictadura militar y que operaría con gastos sobredimensionados.
Como agravante, un hecho que pudo comprobar la Sindicatura General de la Nación: en tres de los cuatro trimestres del 2009, la empresa vendió papel a precio privilegiado (hasta un veinticinco por ciento por debajo de sus costos) a Clarín y La Nación.
“¿Por qué los gerentes no prestan declaración en la investigación sobre coimas? Será porque hay un pacto de silencio que viene de 1977. Nadie se jubila. Es una empresa prácticamente endogámica”, señala una de las fuentes consultadas por Debate, la que reconoce tener información sobre el grado mayúsculo de preocupación que existe entre los implicados. Señala, además, que las escuchas de las que fueron objeto en la última asamblea, con rencilla incluida, son un ejemplo. Esa misma fuente también señala que sigue abierto un canal de diálogo con los integrantes de la familia Saguier, socios de Mitre en La Nación, aunque sin ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se investigan ya que entonces no eran propietarios del diario.
Ésa, concluye la fuente, sería una muestra de la crisis interna que atravesaría el centenario matutino en su estructura gerencial, producto del destino incierto de la investigación judicial. Por lo pronto, los Saguier rompieron el acuerdo de sindicalización de acciones que tenían con sus socios.
Desde el tándem Magnetto-Mitre saben que no hay salida frente a la arremetida gubernamental si no es en conjunto. Por eso, cierran filas y tratan de convencer a quien se preste al diálogo de la inocencia que les asiste. Subrayan que el gobierno nacional pretende adueñarse de los activos de Papel Prensa y controlar la empresa, manejar la producción de papel nacional para la impresión de diarios y someter a los medios de comunicación. Y denuncian que existe un plan para reducir el valor de Papel Prensa.  
En lo que todos acuerdan, funcionarios de gobierno incluidos, es en el futuro venturoso de la empresa. “Sobre el destino de las acciones de Clarín tendrán que opinar los jueces comerciales y penales. Pero no hay que confundir eso con el futuro de la empresa, que es muy promisorio”, subrayan con una buena cuota de sarcasmo.
Diez claves del informe
1.
El informe tiene 22.000 páginas, lleva por nombre “Papel Prensa-La Verdad” y, entre la documentación que aporta, figura información del Tribunal de Guerra de la dictadura, expedientes de la Conadep, papeles de la sucesión de David Graiver, actas de las juntas militares y el testimonio de las víctimas-denunciantes.
2. Aporta elementos para que el caso sea juzgado como delito de lesa humanidad, ya que la venta se habría concretado bajo la tortura moral y psíquica de la familia Graiver-Papaleo. Intenta comprobar que no fue una transacción comercial entre personas libres.
3. Señala las irregularidades en la adquisición. Por ejemplo, las acciones clase A, tanto las de galería Da Vinci, que pertenecían a David Graiver, como las de Rafael Ianover, su testaferro confeso, no ingresaron en el juicio sucesorio cuando Graiver fallece.
4. Muestra el rol que jugó la empresa Fapel. Según el informe, era un sello de goma, porque no tenía patrimonio ni actividad conocida. Actuó como empresa-vehículo en la compra. Al poco tiempo vende las acciones a Clarín, La Razón y La Nación sin obtener utilidad.
5. El pago se habría hecho con poco efectivo y mucho “papel pintado”. Según el informe, las empresas compradoras nunca mostraron el contrato donde figura el precio de la adquisición. Tampoco aparecen los balances de Clarín y La Nación solicitados por la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores.
6. En los registros existentes de la operación la firma de Lidia Papaleo de Graiver sería apócrifa.
7. Denuncia el pacto de silencio entre accionistas, gerentes y los medios de comunicación para mantener el tema en las sombras y perpetuar el statu quo.
8. El informe señala la existencia de pagos en negro a los accionistas, el cobro de “retornos” a proveedores, la existencia de “ñoquis” que prohijados en la empresa desde la dictadura militar y una estructura de gastos sobredimensionados que no tendrían razón de ser.
9. Intenta demostrar cómo Papel Prensa fue administrada durante décadas en beneficio de los accionistas privados, en perjuicio de sus competidores y en desmedro del Estado. Denuncia, además, que desde hace ocho años oculta los costos reales de producción.
10. La disputa por Papel Prensa no es ajena a la interna militar. Massera quería la empresa para su proyecto político. La alianza entre el Ejército y Clarín, La Nación y La Razón, finalmente, terminó imponiéndose.

La versión de Magnetto y Mitre
- Dicen que la compra de las acciones clase A de Papel Prensa se realizó antes de que la familia Graiver-Papaleo fuera secuestrada. Y que, hasta entonces, la familia en cuestión no había recibido amenazas ni apremios.
- Señalan que pagaron 7,8 millones de dólares por el 34,68 por ciento del capital social de la empresa.
- Sostienen que una parte del paquete accionario fue pagado a la familia Graiver antes de su detención y que el resto fue consignado por los nuevos accionistas en expedientes judiciales.
- Subrayan que el gobierno nacional pretende adueñarse de los activos de Papel Prensa y controlar la empresa, manejar la producción de papel nacional para la impresión de diarios y someter a los medios de comunicación.
- Denuncian que existe un plan para reducir el valor de Papel Prensa.  
-Rechazan el argumento de que la empresa sea monopólica. Sostienen que, además de existir otra productora local (Papel de Tucumán), el papel para diario es un commodity que puede importarse fácilmente desde el exterior con arancel cero, sin restricciones ni cualitativas ni cuantitativas.

Papel Prensa y las internas militares
Según el informe “Papel Prensa-La Verdad”, los entretelones de la adquisición de la empresa por parte de la tríada Clarín, La Nación y La Razón no es ajena a las internas militares de entonces. Se sabe: en el seno del poder de facto había, por lo menos, dos vertientes bien diferenciadas. Por un lado, la liderada por el almirante Emilio Nicolás Massera y la Armada. Por el otro, la encabezada por el general Jorge Rafael Videla y que tenía en el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz a su principal aliado. Dos vertientes en pugna dentro de un mismo proyecto regresivo, autoritario y genocida. Ninguno más benévolo que el otro, claro está. Pero en tensión, más aún durante el primer año del gobierno de facto.
Massera tenía en mente un proyecto político propio que necesitaba de medios afines para consolidarse. De ahí sus intentos de quedarse con la Papelera Celulosa Argentina y con la editorial Abril, a través de testaferros. Y de ahí, también, sus esfuerzos para apropiarse de Papel Prensa. No lo logró. La fundación del Partido para la Democracia Social y la creación del diario Convicción fueron proyectos tardíos y truncos que devinieron del fracaso de aquella idea. Quienes se impusieron en estos terrenos fueron Videla y Martínez de Hoz, que habrían jugado sus chances en alianza con los diarios en cuestión. Por lo menos, así figuraría en “Papel Prensa-La Verdad”.
Según trascendió, en el informe se señala que, por esa interna, la junta militar habría demorado la toma de decisiones y habría brindado instrucciones contradictorias a su representante en el directorio. Hasta que durante el segundo semestre de 1976 se dirime el entuerto. En la versión de los socios privados de la empresa, la presión de Massera también aparece como elemento importante, pero en otro sentido y sin hacer referencia a esa interna ni al rol que habrían jugado como aliados de su contraparte. Dicen que “sectores militares” intentaron apropiarse de la empresa y cargan las tintas contra el hombre fuerte de la Armada. “El objetivo del régimen militar de entonces, como el del actual Gobierno, era controlar los medios gráficos por medio de una total potestad
sobre el principal insumo para su existencia”,
señalan en la documentación que acercaron a Debate.

http://www.revistadebate.com.ar/2010/07/30/3091.php