La ley, el orden y el miedo. Por Sandra Russo

Imagen: Leandro Teysseire

En las respectivas coberturas sobre la crisis de las fuerzas de seguridad, La Nación cerró las notas a los comentarios, que probablemente hubiesen sido del tenor de los que Clarín y Perfil sí dejaron pasar. Perfil hace gala de un “Reglamento para el Uso de los Espacios de Opinión Pública” –a los que denomina “los servicios”– en el que se enumeran qué tipo de mensajes “no están permitidos”. Por ejemplo, los que incluyan “un lenguaje vulgar, obsceno, discriminatorio u ofensivo”, “todo acto contrario a las leyes, moral y buenas costumbres” y “mensajes difamatorios o insultantes”. Parece que estos dos ejemplos tomados al azar del pie de alguna de las profusas notas sobre la crisis de prefectos y gendarmes no incluyen, a criterio de ese diario, nada contrario a las leyes, ni nada ofensivo ni difamatorio. Uno de ellos rezaba: “¿Dónde se escondió la cucaracha viuda? ¿Ya se rajó a Río Gallegos?”. Otro, “Esta vieja hija de puta fundió el país y ahora se arma su propio golpe para irse con la fortuna que les robó a los argentinos”. Eso publican los medios en este país en que, según ellos, corre riesgo la libertad de expresión. La crisis de las fuerzas de seguridad trajo con ella un tipo de tensión desestabilizadora –no porque necesariamente ésa haya sido la intención, sino más bien porque los protagonistas son hombres y mujeres a los que la sociedad les confiere el monopolio de la fuerza a cambio de que no deliberen, y eso es un contrato social–. La ruptura de la cadena de mandos es en sí misma un acto que desestabiliza al sistema democrático: hay de hecho una estabilidad rota
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